El alcalde y la secretaria interpretan que la referencia debe ser la aprobación de la ponencia, que fue en 2007, y no su entrada en vigor como se recoge en el preámbulo
El Ayuntamiento de Castellar defendió ayer por medio de su alcalde, Juan Casanova, y de la secretaria e interventora, Olga Sánchez, que la localidad está exenta de la revisión temporal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que se aplicará este año y en 2013, por el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el control del déficit aprobado por el Gobierno central.
El Consistorio se aferra a la redacción de la norma, que despierta dudas, para evitar la obligada subida del 4% del tipo de gravamen para la mitad de las viviendas de más valor del municipio. El decreto señala en el apartado segundo de su preámbulo: "El artículo 8 establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del IBI que tiene en consideración el año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia total de valores del municipio". Atendiendo a esta explicación, Castellar sí estaría afectada por el decreto, ya que su ponencia empezó a aplicarse el 1 de enero de 2008, por lo que entraría dentro del tramo de subida del 4%. Sin embargo, en el decreto, cuando se desarrolla el artículo 8, siempre se hace referencia al año de aprobación, que es lo que alega Castellar para afirmar que está exenta ya que la ponencia fue aprobada y publicada en el BOP el año anterior. Así, el apartado en cuestión del decreto señala: "Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los municipios cuyas ponencias de valores hayan sido aprobadas entre los años 2005 y 2007". Una duda, por tanto, que tendrá que despejar la Dirección General del Catastro.
El Consistorio consideró que no le afecta el decreto, ya que la ponencia fue aprobada antes de la fecha límite que establece la norma. "El artículo 8 del decreto recoge literalmente la situación actual de Castellar, ya que en el municipio se aprobó la ponencia antes de 2008, durante el curso del año anterior por lo que nuestra situación la recoge sin interpretaciones subjetivas la propia normativa. No existe lugar para la confusión", aseguró Olga Sánchez, que añadió: "He consultado con otros compañeros del gremio y no cabe la menor duda, nuestra situación está amparada dentro del decreto".
Casanova, por su parte, explicó que era normal que no se aplicase esta medida al municipio ya que "la ponencia se realizó en pleno auge del sector, cuando estábamos inmersos en la llamadaburbuja inmobiliaria".
Fuente: EuropaSur
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